¡PONTE A CREER Y NO COMAS! Estados Unidos se prepara para el relevo de Nicolás Maduro

22 octubre, 2018

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado consultas sobre una acción armada contra Venezuela si lo piden aliados suyos en Sudamérica.

El Gobierno de Estados Unidos trabaja en un plan de transición en Venezuela ante la certeza de que la campaña creada alrededor de la supuesta “crisis humanitaria” pueda provocar la caída del Gobierno de Maduro.

Varios altos funcionarios, diplomáticos y senadores han aconsejado al presidente Donald Trump que prepare una propuesta de intervención en el país, ante la posibilidad de que la situación devenga pronto en un golpe militar, una revuelta popular o la propuesta de una coalición armada.

Recientes en la memoria norteamericana las experiencias de Afganistán e Irak, el único escenario que no contempla la Casa Blanca es una misión armada unilateral, a pesar de que Trump ha expresado esa posibilidad en varias ocasiones.

Sí ha habido consultas en ese sentido entre Estados Unidos y aliados suyos e instituciones como la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, dijo recientemente: «Respecto a una intervención militar para deponer al régimen de Maduro, ninguna opción debe descartarse».

Según admitió recientemente el almirante Craig Faller, candidato a liderar el Comando Sur de EE.UU., «los esfuerzos militares de momento han dado cobertura a la diplomacia para garantizar una transición pacífica en Venezuela, pero la situación es desastrosa, y está afectando a toda la región. Nuestro principal foco serán nuestros aliados».

Trump cuenta con apoyo de ambos partidos en el Capitolio, que trabajan en su propio plan de transición.

Once senadores republicanos y demócratas han elaborado una ley dedicada a preparar a Estados Unidos para un cambio de régimen inminente, con 55 millones en fondos.

Sus objetivos declarados son «restaurar la ley y la democracia, liberar a los presos políticos, permitir la entrega de ayuda humanitaria y crear las condiciones necesarias para que se celebren unas elecciones libres y democráticas».

Según opina uno de los autores de la ley, el senador republicano David Perdue, «muchas cosas deben cambiar, desde el hundimiento de la economía al deterioro del marco legal. Es de vital importancia que EE.UU. se mantenga junto a la ciudadanía de Venezuela frente a esta tiranía».

«Hasta que Leopoldo López, Juan Requesens y los otros presos políticos sean liberados, se le devuelvan los poderes a la Asamblea Nacional y se restablezcan los mecanismos legítimos de la democracia, seguiré ejerciendo presión sobre ese régimen corrupto», añade el demócrata Dick Durbin.

Una de las medidas principales que ya ha tomado la Administración de Trump es aumentar la presión sobre Cuba.

En los próximos días, el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, prevé ofrecer detalles sobre esas medidas de presión a Cuba, que pasan por mayores restricciones a los norteamericanos que quieran viajar o hacer negocios en la isla, revirtiendo varias medidas aperturistas de Barack Obama.

Un impedimento para Bolton y EE.UU. son sus constantes ataques a la Corte Penal Internacional, ante la que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han denunciado los crímenes contra la humanidad de Maduro.

Varios senadores han aconsejado a la Casa Blanca que se sume a esas demandas, en lugar de boicotear a la Corte.

Una razón de peso para que la Casa Blanca se haya resistido hasta ahora a tomar medidas más enérgicas contra Maduro es que Venezuela fue el año pasado el cuarto país que más petróleo vendió a Estados Unidos.

De momento, las sanciones económicas de EE.UU. contra Venezuela se han dirigido a sus representantes, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, sugirió el mes pasado que Trump está considerando sanciones parciales a la producción de crudo, en concreto a las productoras de petróleo del Ejército y a las aseguradoras que cubren el transporte del crudo.

El año pasado, Washington prohibió a bancos de EE.UU. conceder créditos a la petrolera pública venezolana, PDVSA.

Desde que llegó al poder, Trump ya ha impuesto cuatro rondas de sanciones al régimen.

Varios altos funcionarios de EE.UU. se llegaron a reunir con militares venezolanos que sopesaban un deponer a Maduro, pero finalmente decidieron no apoyar logística o militarmente ningún golpe de Estado, según reveló hace un mes «The New York Times».

Dos intentos recientes de derrocar al régimen han fallado: una conspiración militar en mayo y un ataque con drones a Maduro en agosto.

Redacción Lechuguinos – Información de ABC

¿PROSPERARÁ LA DEMANDA EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL CONTRA EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO?

Otra acción contra el Gobierno de Nicolás Maduro se materializó el 27 de septiembre, cuando los mandatarios de Colombia, Argentina, Paraguay, Perú, Canadá y Chile formalizaron una petición para investigar a Venezuela por los presuntos crímenes contra la humanidad realizados desde febrero de 2014.

 

Es de señalar que esta pretensión se suma a una serie de acciones judiciales en distintas sedes como el CIADI, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Además de acciones económicas y financieras como el bloqueo de fondos en dólares de la estatal PDVSA y sus filiales en los EEUU, la prohibición de operar con instrumentos de la deuda soberana de Venezuela en todos los mercados bursátiles de Occidente. Incluso han optado por hacer amenazas del uso de la fuerza por parte de potencias extranjeras, así como una campaña mediática internacional de descrédito contra la venezolanidad.

A estas acciones ilegales, injustas e ilegítimas en su gran mayoría, desproporcionadas y exageradas en su totalidad, se acumulan en una campaña de demonización cuyo fin último es defenestrar del poder de manera violenta a un Gobierno que se ha sometido a 24 elecciones en los últimos 19 años, por cuanto no pueden —al menos democráticamente— eliminar su ‘mal ejemplo’ del hemisferio.

 

Ahora bien, la fiscal penal internacional Fatou Bensouda ha estado investigando desde febrero de 2018 los presuntos crímenes que se cometieron en las acciones terrorista que la oposición venezolana hizo en el año 2017 y los abusos policiales que se suscitaron, los cuales por supuesto en su totalidad se lo atribuyen al Gobierno de Maduro, incluyendo las 23 personas que quemaron vivas en el Este de Caracas por parecer chavista, mestizo o simplemente pobre y humilde, así de ‘pacíficas’ fueron las protestas de la clase media y alta venezolana.

Entonces, ¿prosperará esta pretensión en la Corte Penal Internacional? Primero debemos tener en cuenta si admitirá o no la Sala de Cuestiones Preliminares dicha acción, la cual no pasó por el tamiz del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el temor real de un veto de China y Rusia, los cuales no forman parte del Estatuto de Roma, al igual que EEUU, principal interesado en salir de Nicolás Maduro y colocar un sátrapa que maneje la principal reserva de petróleo y oro del mundo.

En este sentido, se debe tener en cuenta el artículo 17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece:

“La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo”.

De lo anterior, se denota que si un Estado es investigando, juzgando y ejecutando lo juzgado de los hechos denunciados, como es el caso de la entidad político territorial independiente República Bolivariana de Venezuela, que ha demostrado con acciones concretas que es el principal interesado en que se conozca la verdad, entonces resultaría írrito y fútil la activación de un órgano jurisdiccional internacional.

Sería más útil investigar las masacres paramilitares apoyados por el Gobierno de Colombia; los indultos a un ex jefe de Estado como Alberto Fujimori, criminal de lesa humanidad declarado así por la propia jurisdicción peruana; los crímenes medievales sin castigo en la operación Cóndor en el Cono Sur, sin contar los crímenes de guerra que ha hecho la OTAN con la anuencia de Canadá en Oriente Medio y África, entre otros. Pero esto habría que reclamárselo a la monarca que los representa.

En palabras del doctor Jesús David Rojas Hernández, experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Humanitario, se debe esperar la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda, la cual ha demostrado tener una hoja intachable de trayectoria profesional, que la ha llevado a presidir la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otros importantes cargos como adjunto al fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, acotó que Venezuela debería destinar un equipo de abogados para atender jurídicamente estos procesos judiciales internacionales, no solamente atacarlos políticamente.

Igualmente, se debe tener en cuenta que la destitución de la antigua fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en parte se produjo por la inacción criminal de esta funcionaria, la cual tenía el monopolio de la acción penal, otorgada por la Constitución de 1999 cuyo texto está siendo revisado por una Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto es causa de resquemores y pruritos en las altas esferas del poder en Washington.

Recientemente, el nuevo fiscal general venezolano, Tareck William Saab, denunció y acusó una serie de irregularidades en los procedimientos de investigación de los hechos presuntos como lesivos a la humanidad, así como impulsó una serie de acciones para descubrir la verdad de lo que pasó en esa hora tan oscura de la historia de Venezuela.

Hay responsables tras las rejas y varios individuos con medidas humanitarias de casa por cárcel, precisamente autores materiales de la destrucción de Caracas en febrero de 2014 como es Leopoldo López, a quien la oposición, los medios y Gobiernos de derecha catalogan como preso político.

Por último, la prosperidad o no de esta acción penal internacional es insustancial y debería declararse inadmisible, por cuanto el Estado venezolano está conociendo en profundidad todos y cada uno de los hechos. Sin embargo, debería la comunidad internacional prestar todo el apoyo para que los prófugos de la justicia venezolana que se encuentran en palacetes en las capitales de los países denunciantes, sean procesados por la jurisdicción del país.

 

(Sputnik News / Jesús Millán Alejos)

Este martes retornan 95 venezolanos desde Perú gracias al Plan Vuelta a la Patria

Foto: @EmbajadaVzlaPer

(Caracas, 02 de octubre. Noticias24).- Este martes, retornan al país un total de 95 venezolanos desde Perú, como parte del Plan Vuelta a la Patria, impulsado por el Ejecutivo Nacional.

A través de la cuenta en Twitter de la Embajada de Venezuela en Perú, se informó que este sería el quinto vuelo que sale desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la ciudad del Callao, en la nación suramericana.

Hasta los momentos, más de siete mil venezolanos han regresado a la Patria, mediante el Plan Vuelta a la Patria, diseñado para atender a los connacionales que han sido víctimas de la manipulación mediática que los hizo migrar, perder su patrimonio y calidad de vida, con el propósito de brindar condiciones para su regreso al país.

El Plan Vuelta a la Patria contempla tres fases, que incluye el registro en el programa, la operación logística con el traslado a Venezuela y la inserción en el sistema de protección social del Gobierno Nacional.

Con información de AVN.